La Hermandad de Veteranos Pensionados y el defensor del Pueblo investigarán la separación de policías y militares sin condenas irrevocables
La permanencia en “activo” de oficiales de alto rango condenados en primera instancia por corrupción, frente a la desvinculación expedita de uniformados bajo investigación, obedece a una aplicación selectiva de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (139-13) impulsada por lagunas en los procedimientos y la repercusión de los escándalos públicos.
Así lo señalaron por separado juristas, un exjuez del Tribunal Constitucional y oficiales retirados al analizar el seguimiento de la condena a militares en los casos de corrupción administrativa en el Cusep y en el Cestur.
Los consultados explicaron que el estatus activo, aunque suspendido, está amparado en el artículo 173, numeral 2 de la Ley orgánica militar 139-13, el cual exige una sentencia irrevocablemente juzgada para proceder con la separación.
La hermandad de Veteranos Pensionados de las FF.AA. y la PN
Por su parte, el presidente de la Hermandad de Veteranos Pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, mayor general retirado Valerio García Reyes, confirmó que los soldados y agentes subalternos son cancelados de las filas de forma recurrente ante medidas de coerción o por investigaciones disciplinarias.
“Siguen cancelando a soldados por el simple hecho de ser investigados, sin que exista una sentencia irrevocable. La varita va para unos y no va para otros… Nosotros procuramos desde aquí que se haga justicia, y la mejor forma de hacer justicia es respetar el debido proceso de ley”, indicó García Reyes.
Con el defensor del Pueblo
Ante esta situación, García informó que la Comisión de Defensa de la entidad, en coordinación con el defensor del Pueblo, recopila las sentencias de reintegración incumplidas por el Estado para fijar una postura pública, al tiempo que estructuran un proyecto de “Ley de Retiro Digno” para regular estos procesos.
El experto jurídico-militar
El director jurídico de la Hermandad, Miguel Medina, argumentó que las desvinculaciones sumarias en rangos menores suelen vulnerar el debido proceso administrativo, lo que genera litigios donde los tribunales ordinarios terminan ordenando la reposición de los afectados.
General retirado FARD,
Marcos Jiménez
El mayor general retirado de la Fuerza Aérea, Marcos Jiménez, atribuyó la celeridad en ciertos expedientes a la magnitud del fraude y a la repercusión del escándalo en la sociedad. “La Ley Orgánica establece claramente lo que hay que hacer en cada ocasión. El problema es que a veces la misma justicia le tiene miedo a tomar decisiones en contra de los poderes”.
Jiménez indicó que en ocasiones, los tribunales ordinarios muestran reticencia a dictar sentencias que afecten las decisiones de los estamentos del poder.
El debate técnico y constitucional sobre la “doble vara” en los cuarteles y destacamentos, deja al descubierto una grieta en el sistema.
Mientras los altos oficiales se amparan en las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia, los de menor jerarquía encaran la macana administrativa.
Juraron ante Dios respetar las leyes
El exjuez del Tribunal Constitucional, Wilson Gómez, afirmó que el fenómeno es un síntoma de la debilidad en el Estado de derecho y la falta de cumplimiento de las leyes por igual.
Gómez reveló que actualmente existe un centenar de sentencias del Tribunal Constitucional que no han sido acatadas por las autoridades nacionales. Sostuvo que, de acuerdo con el marco constitucional, el desacato de estas decisiones definitivas faculta a la Cámara de Diputados a iniciar un juicio político contra los funcionarios responsables.
Señaló que el desacato a las sentencias del Tribunal Constitucional que ordenan el reintegro de uniformados por parte de las autoridades, es una violación grave que debería costarles un juicio político, debido a que los funcionarios olvidan el juramento que hicieron al asumir sus cargos.
“Porque la gente aquí olvida que juraron al asumir funciones, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República y las leyes adjetivas del país. Ese es un juramento y no hacerlo es una violación grosera al ordenamiento constitucional”, puntualizó el también presidente del Instituto Duartiano.
